Ideari

Defendemos la abolición de la monarquía actual, sucesora de la legalidad franquista, y de la constitución de 1978, que fue aprobada sin un verdadero debate constituyente y en la que el pueblo no pudo escoger libremente la forma del estado.
Defendemos la ruptura con el régimen actual y la constitución de una nueva III República, basada en los valores democráticos y de justicia social.
Exigimos un proceso de juicio de la dictadura franquista que todavía está pendiente, el fin de la impunidad y de la exaltación del fascismo, la anulación de los juicios franquistas, la justicia ante los crímenes del franquismo y la reparación a las víctimas.
Nos reconocemos en la tradición política del republicanismo democrático, creemos en una concepción republicana de la libertad y en la virtud cívica para dar valor a una verdadera democracia en la que la ciudadanía tome el control de sus instituciones.

Defendemos la abolición de la monarquía actual, sucesora de la legalidad franquista, y de la constitución de 1978, que fue aprobada sin un verdadero debate constituyente y en la que el pueblo no pudo escoger libremente la forma del estado.
Defendemos la ruptura con el régimen actual y la constitución de una nueva III República, basada en los valores democráticos y de justicia social.
Exigimos un proceso de juicio de la dictadura franquista que todavía está pendiente, el fin de la impunidad y de la exaltación del fascismo, la anulación de los juicios franquistas, la justicia ante los crímenes del franquismo y la reparación a las víctimas.
Nos reconocemos en la tradición política del republicanismo democrático, creemos en una concepción republicana de la libertad y en la virtud cívica para dar valor a una verdadera democracia en la que la ciudadanía tome el control de sus instituciones.

Defendemos un modelo Federal para la III República. El Federalismo es un sistema de gobierno en el cual los poderes están repartidos entre los gobiernos de los diferentes estados y el gobierno federal (o central). Ejemplos de países federales son los Estados Unidos de América, Alemania o Suiza.
Defendemos un modelo de federalismo pluralista en el que se reconozca, respete y defienda la diversidad de pueblos y naciones, culturas y lenguas del Estado.
Queremos la consecución plena del autogobierno para Cataluña mediante un modelo federal amplio que garantice la recaudación de impuestos para Cataluña y el blindaje de competencias en lengua, educación y cultura. Al mismo tiempo, Cataluña contribuirá mediante una aportación de solidaridad y equilibrio territorial federal.
Defendemos el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña y la posibilidad de realizar un referéndum sobre este punto, a pesar de que no defendemos la Independencia de Cataluña.
Defendemos un modelo municipalista donde los ayuntamientos dispongan de más poder de decisión en aquellos ámbitos que les afectan.

Defendemos el laicismo, es decir, la ausencia de influencias religiosas en el Estado.
Exigimos la derogación del Concordado con el Vaticano y el fin de la financiación pública, directa o indirecta, de cualquier confesión religiosa.
Consideramos que la enseñanza de la religión no tiene que estar presente en la educación pública, que debe ser laica.
Consideramos que las creencias religiosas son una cuestión privada así como que la libertad religiosa es un derecho fundamental que debe respetarse.

La Democracia Radical es una concepción de la democracia basada en una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, sociales y económicas que los afectan.
Queremos dar un paso hacia una democracia de más calidad, con menos poder por parte de los representantes y más poder en manos de la participación directa de la ciudadanía.
Consideramos que hay que garantizar el derecho a la educación de calidad y a la información veraz, independiente y no manipulada como pilar fundamental para construir una sociedad más democrática y más libre.
Queremos dar más peso a la participación directa de la ciudadanía mediante herramientas como el referéndum, la democracia electrónica o las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
Defendemos la creación de mecanismos de transparencia y control de los gobernantes, así como la eliminación de privilegios como por ejemplo los sueldos vitalicios o los aforamientos.

Defendemos un modelo económico alternativo, en el que prime el bien común, la sostenibilidad ambiental y los derechos sociales de las personas que conforman la sociedad ante los abusos de poder de las corporaciones.
Hay que potenciar la economía social y colaborativa, las cooperativas y nuevas formas de propiedad social.
Hay que garantizar la titularidad pública de algunos servicios estratégicos, como por ejemplo la energía, la gestión del agua, la sanidad o la educación.
Apostamos por condiciones de trabajo dignas, garantizando los derechos de los trabajadores y para favorecer las pequeñas y medianas empresas y no las grandes multinacionales.
Estamos a favor de la creación de una banca pública.
Creemos que hay que garantizar la vivienda digna y potenciar el alquiler.
Apostamos por modernizar y diversificar la economía del país, que actualmente depende demasiado del turismo y la construcción.

La virtud cívica republicana exige un compromiso ético al ciudadano y al servidor público, y sitúa la honestidad como un pilar básico del ejercicio de la actividad pública.
Entendemos el servicio público no como una profesión ni un modus vivendi, sino como un sacrificio temporal por el bien público.
Creemos en retribuciones dignas y justas pero no en sueldos vitalicios ni en privilegios.
Exigimos una gestión pública limpia, ética y transparente en las instituciones públicas, garantizada por ley y por controles democráticos.
Consideramos la corrupción y el uso de las instituciones públicas para el beneficio privado como una de las lacras del sistema político actual, y nos comprometemos a denunciarlo y perseguirlo.